Trabajadores papeleros de Berazategui y Quilmes procesados por ocupar la planta en Bernal de la multinacional Kimberly Clark fueron informados por sus representantes legales, los abogados de Correpi –quienes desde un principio se pusieron a disposición para la defensa–, que se logró el cierre de las causas.
La misma Fiscalía que tomó la denuncia patronal contra los trabajadores, los judicializó y ordenó el desalojo brutal de la fábrica –repudiado por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales–, dispuso su archivo.
En su resolución, alega que en «lo actuado, priman cuestiones de orden social que trascienden el derecho penal (…) el cierre generaba la pérdida de los puestos de trabajo de 300 familias«.
Los trabajadores entienden que les dieron la razón –desde el primer día habían denunciado que se pretendía resolver una lucha sindical mediante una extorsión judicial– cuando el desalojo y los despidos fueron hechos consumados.
El Estado y sus gobiernos, junto a la patronal, se valieron de sus herramientas (Secretaría de Trabajo, Poder judicial, fuerza represiva) durante el proceso de ocupación de 70 días, para garantizarle a Kimberly impunidad en el cierre de planta.
El Sindicato Papelero de Bernal y Federación del Papel no llamó a ninguna acción en respuesta a ese cierre, a pesar de haber sido reclamado con insistencia por la asamblea de la ocupación, ni lo hizo por los cierres de Ansabo, Acevedo, Helice, Convenor y Ledesma. Intentaron aislar la experiencia de los trabajadores, que abría una perspectiva de lucha para defender los puestos con métodos clasistas.
Esta lucha quedó en manos de la organización interna de la planta y del movimiento obrero combativo, que se solidarizó numerosas veces. Fueron hitos la puesta en producción y el Plenario Nacional que sesionó a las puertas de Kimberly el 1º de noviembre, con la participación de delegaciones obreras del país y funcionó como incentivo a la puesta en marcha de Molinos Minetti, en Córdoba, también ocupada entonces.
El violento desalojo a punta de pistola quiso dar por finalizado el ejemplo que significaba una ocupación obrera de más de 70 días y que ponía en jaque el eje central de la relación capital-trabajo, puesto que los obreros habían comenzado a producir sin tutelaje patronal ni gerencial.
Declarada la pandemia, desde el gobierno sostuvieron la política de impunidad para Kimberly, mantienen militarizada una planta capaz de producir insumos de primera necesidad que faltan en hospitales y dependencias de salud.
Los que luchan concluyen que “las causas que se cierran no dejan dudas de las maniobras recurrentes de las que se vale la trinidad Estado-Patronales-Burocracia Sindical para regimentar a los que luchan. Estas políticas anti obreras son enfrentadas por distintos gremios (BedTime, Sutna, Penta, Ansabo, Tres Arroyos, trabajadores de la Salud) y se avizoran nuevos choques que deben tener una intervención independiente desde una política organizativa y de acción de los trabajadores, los únicos que pueden revertir una situación de barbarie”.