¿EL DECRETO MIGRATORIO AFECTA A LA SEGURIDAD?

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La respuesta es negativa si se tienen en cuenta las detenciones de ladrones en Berazategui: son todos argentinos. No obstante, algunas víctimas de robos, y otras que temen serlo, consideran que unos cuantos casos de participación de extranjeros en delitos contra la propiedad personal alcanza para cuestionar a todas las personas migrantes.

Ninguno de esos temores se funda en la legislación, ya que nada ha cambiado en lo sustancial: «Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye hoy», aseveró la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

No podrán ingresar al país «quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior» o tengan «antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas (…)«.

artículo 29 inciso C de la ley vigente

La aclaración recogida por la agencia Télam viene a cuento de la derogación de un decreto sobre política migratoria, que motivó alineamientos partidarios: Desde la oposición salieron a agitar la posibilidad de que esta medida afecte la seguridad de la clase media urbana. El único miembro del oficialismo que coincidió con ese prejuicio es el ministro Sergio Berni.

Su Gobierno, en cambio, consideró al decreto «irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos», medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS):

Antecedentes

El 30 de enero de 2017, el entonces presidente Mauricio Macri modificó la Ley 25.871 de Migraciones, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017. Sobre la base de información sesgada y de prejuicios construidos alrededor de las personas extranjeras, el DNU fue parte de una política de exclusión social que vinculó a personas migrantes con la comisión de delitos, y argumentó que, por eso, había que expulsarles de inmediato.

Mientras, se vulneraron derechos y garantías: las reglas del debido proceso, el derecho a la vida en familia, a desarrollar sus proyectos de vida, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a la libertad ambulatoria. En muchos casos la aplicación del DNU separó a madres de sus criaturas, y a miles de personas se les sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma.

Todas las personas extranjeras en la Argentina quedaron sometidos a la incertidumbre de la expulsión.

Con la adopción del DNU se habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de migrantes sometidas a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal, condenadas o no. Incluso estaban alcanzados las personas que tuviesen residencia definitiva, sin importar los años, su arraigo y vínculos sociales. Incluso autorizó la expulsión de quienes hubieran cometido faltas administrativas en el trámite migratorio como no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado.

El DNU 70 también significó un giro en el rol que Argentina venía teniendo a nivel regional y mundial desde la adopción de la Ley de Migraciones en 2004. Sus dispositivos formaron parte de una tendencia, nueva en América del Sur, de adopción de políticas que, en nombre de una idea distorsionada de seguridad, aumentan la discrecionalidad de los Estados para implementar control, detención y expulsión de migrantes. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, por vía administrativa o legislativa, modificaron en los últimos años sus normativas migratorias y sus estándares de protección, promoviendo un aumento inédito de las expulsiones.

Frente a su implementación, en febrero de 2017 desde el CELS se presentó, junto a la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes -CAREF- y el Colectivo por la Diversidad, una acción de amparo colectivo en la que se pidió la nulidad del decreto 70/17 por violar una serie de derechos y por no haber cumplido los requisitos constitucionales para el dictado de una norma de ese tipo.

El juez de primera instancia desestimó la acción, pero ante la apelación en marzo de 2018 la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la invalidez constitucional del decreto por tratarse de medidas contrarias a los derechos de migrantes y por no haberse cumplido los requisitos constitucionales para el dictado de un DNU. El Estado recurrió la decisión ante la Corte Suprema. El recurso fue concedido y a fines de 2020 la Procuración General de la Nación dictaminó que debía declararse inadmisible por no estar cumplidos los requisitos para el dictado del DNU. El caso está pendiente ante la CSJN pero la sentencia de la Cámara y el dictamen de la Procuración son parte de los fundamentos del decreto que hoy declaró la nulidad del DNU 70/17.

El decreto también consideró que tanto el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, han instado al Estado Argentino a derogar el DNU.

La decisión del gobierno es fundamental para la garantía de los derechos de las personas migrantes en Argentina. También permite que el país vuelva a afirmar sin contradicciones, tanto a nivel nacional como regional e internacional, los principios de la Ley de Migraciones y de su reglamento, como el derecho a migrar, el derecho a la regularización migratoria, la no discriminación, la no criminalización de la migración y el derecho al debido proceso en todos los trámites y procedimientos migratorios.


3 Respuestas a “¿EL DECRETO MIGRATORIO AFECTA A LA SEGURIDAD?”

  1. La Derogación es un hecho que marca la no criminalización de los migrantes. Un hecho que el ex presidente Macri impuso de una manera de arbitraria violando tratados internacionales con el decreto . No todo los Migrantes vienen a delinquir. Algunos con actos delictivos han ensuciado la imagen del migrante eso es Real. Sin embargo a gente trabajadora y honesta que busca un futuro mejor. Migrar es un derecho y no se debe estigmatizar.

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