“LO DE RAMONA FUE UN CRIMEN SOCIAL”

Por Paolo Zaniratto *

Friedrich Engels definía a los crímenes sociales como aquellos fenómenos que deterioran las condiciones de vida, la salud o que causan la muerte. Criticaba que cuando se producen estos crímenes que denigran la condición humana, se los ocultaba bajo el ropaje de denominarlos “tragedias”, “accidentes”, “catástrofes naturales”, etc. De esa manera, Engels le dio una dimensión política al concepto de “crimen social”, pero debemos pensar en darle también una dimensión jurídico-práctica.

Parece que la falta de condiciones dignas de existencia, que la vulneración a los derechos sociales tales como el acceso a la salud, la educación, la alimentación, a la vivienda digna o al agua, son circunstancias ajenas a la acción que expresa una voluntad humana de quienes tienen la responsabilidad de tutelar esos derechos. Como si no hubiera responsabilidades concretas detrás de la vulneración de esos derechos elementales, básicos, pero siempre avasallados.

Con razón, Engels explicaba que, cuando un individuo perjudica a otro al punto de causarle la muerte, estamos ante un homicidio, pero nos preguntamos: ¿Qué pasa cuando una persona muere por la desidia o negligencia de un gobierno en procurarle las condiciones mínimas de existencia, como el acceso al agua en medio de una pandemia mundial que requiere ser prevenida con medidas higiénicas básicas?

Estas acciones u omisiones de los funcionarios que terminan causando la afectación a bienes jurídicos como la vida, la dignidad o la integridad física también son crímenes, muy parecidos al cometido por un individuo, salvo que en los crímenes sociales hay un velo que oscurece las responsabilidades penales. Como bien menciona el autor alemán:

“… un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión…”

Engels: La situación de la clase obrera en Inglaterra

Ramona Medina murió a causa del coronavirus el 17 de mayo. Estaba internada, en estado grave y era parte de la población de riesgo ya que era insulino dependiente. Era una referente con militancia social que había denunciado la falta de agua y las condiciones de hacinamiento en el barrio Padre Mujica, de la Ciudad de Buenos Aires. Su muerte no fue una tragedia.

La muerte de Ramona es un crimen social cuya perpetración debe traer también consecuencias jurídicas. Sólo si atendemos a su dimensión jurídica se podrá someter el caso al Poder Judicial para que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios y analizar si cometieron delitos en sus empleos.

Cierto es que el código penal castiga a los funcionarios públicos cuando cometen delitos tipificados como violación de deberes en el Art 249 y tipifica el abuso de autoridad en el art. 248. Sin embargo las penas son leves, se establecen multas e inhabilitación para ejercer funciones hasta un año en el caso del art 249 y de dos años en el caso del art. 248; pero la tipificación de estas conductas no llega a englobar conductas que tienen consecuencias fatales como en el caso de Ramona.

La conceptualización de crimen social debería abarcar la protección de bienes jurídicos como la vida en un contexto en donde el bien juriídico es lesionado como consecuencia de la aplicación de políticas violatorias de derechos sociales. En el marco de la dogmática penal, debería pensarse alguna innovación en la autoría mediata de estas conductas de los funcionarios.

Vemos cómo en sectores de la sociedad y de los medios de difusión se aboga por la defensa de los derechos individuales como la propiedad o la libertad de circulación (concepción liberal que pone en el centro de escena la protección de los derechos de los individuos) pero no se defiende con el mismo énfasis los derechos sociales, de incidencia colectiva como la salud, la educación, el derecho a una vida digna, o el derecho al agua. La vulneración de estos derechos sociales no puede quedar impune, deben ser investigados y juzgados como la perpetración de cualquier violación de derechos, como la comisión de todo delito.

La muerte de Ramona trascendió las fronteras debido a la brutal realidad que desnuda, pero también debido a la solidaridad que despierta tamaña injusticia. En un mensaje a la familia de Ramona y a los habitantes de la ex Villa 31, Roger Waters en un video condenó

“La extraordinaria e imperdonable desigualdad que existe en nuestras sociedades, en especial cuando hablamos de algo tan fundamental y simple como el agua”.

Roger Waters, ex lider de Pink Floyd

Ramona Medina will not be forgotten. Clean Water is a Human Right.#RamonaNoSeCalla pic.twitter.com/cUyEXtGds9

— Roger Waters (@rogerwaters) May 24, 2020

• Abogado (UBA), con orientación en derechos humanos. Especialista en Derecho Penal. Posgrado de la carrera de especialización en Derecho Penal. Querellante en causas de lesa humanidad. Abogado en la Secretaría de Mujeres y Diversidad de Quilmes. Columnista de temas jurídicos en radio Zónica.

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