Juan Gasparini es un conocido periodista radicado en Suiza, acreditado en las Naciones Unidas y que los lectores de Berazategui ya conocen porque fue entrevistado en otro medio (Art.14) de esta ciudad, por la que pasó varias veces rumbo a la Universidad de La Plata, acompañado por Alberto Moya (foto), quien lo presentara en las conferencias que dio en la Facultad de Periodismo.
Esta semana, fue difamado por Gisela Marziotta, quien trabajara con Mariano Grondona y con Jorge Lanata en TV. Ahora, es pareja de Víctor Santamaría, el sindicalista que, por eso, la puso como candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad en la elección del 2019.
Lo que sigue es el descargo que Gasparini le compartió a Moya luego de un intercambio telefónico del que supieron los oyentes de Radio Aries esta mañana. Refiere a su participación en Montoneros, el secuestro en la ESMA y las negociaciones por los indultos durante el menemismo.
El diario perteneciente al jefe del PJ porteño me ha difamado, me atribuye una declaración en sede judicial de Buenos Aires realizada por Rodolfo Galimberti el 26 de abril de 1990. Mediante esa tergiversación, me convierten en un delator, y en responsable de manipular el caso Graiver en tribunales, conducta que distinguiera a Galimberti, no a mí. Es la segunda vez que me ocurre en este tema. Antes lo hizo María O’Donnell en su libro Born.
Me refiero a la nota de Gisela Marziotta, titulada La “vida de derecha” de Rodolfo Galimberti que ha salido en repetición sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de junio en la edición virtual de Página 12. La autora realiza una temeraria afirmación, difícil de achacar a la ignorancia. Disculpa a Galimberti del direccionamiento que operó ese procedimiento penal, e implícitamente me lo imputa. Afirma que el 26 de abril de 1990 hice a tal efecto una declaración judicial en el caso Graiver. Para esa fecha yo estaba imposibilitado de viajar a la Argentina por cuestiones ajenas a mi voluntad. Como todo refugiado político del ACNUR, tal status me impedía volver a mi país de origen.
El calumnioso artículo va más lejos. Me asigna esa declaración de seis horas de Galimberti del 26 de abril de 1990 en los juzgados de Comodoro Py, Marziotta intenta hacer creer que constituyó la contraprestación previa mía para que el presidente Carlos Menem me indultara el 14 de agosto de 1990. Debe recordarse que en forma casi contemporánea, en julio de 1990, publiqué en Argentina, El crimen de Graiver, una investigación periodística del escándalo. Sin variar el contenido, el libró se reeditó en 2007 y 2010. Allí objeté: las versiones de Galimberti, de los magistrados judiciales, del embustero ministro Raúl Granillo Ocampo, de Juan Tata Yofre (a cargo de la SIDE), de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver, de Clarín, y de Jorge Born. Se puede leer en mi web. En cuanto al libro Born de la O’Donnell, le repliqué el 11 de mayo de 2015.
Fueron los biógrafos de Galimberti, Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, quienes rescataron la verdad al respecto sobre la ominosa declaración de Galimberti del 26 de abril de 1990, en página 466 del libro publicado en el 2000. Añaden en página 469 que el 27 de diciembre de 1990, el fiscal Romero Victorica –quien había pedido mi captura a Suiza y mi extradición a la Argentina en 1986, las que fueron rechazadas por la Confederación Helvética– me “citó oficialmente a declarar como testigo”, en Buenos Aires. Agregaron que el 28 de diciembre de 1990, “Menem concedió el indulto a Videla, Massera y Firmenich”.(1)
El resto de las pruebas documentales de lo antes planteado se adjuntan al pie. También mi declaración espontánea, refrendada en sede consular argentina en Zurich, el 18 de enero de 1991, respondiendo por qué no iba a concurrir a la convocatoria de Romero Victoria en Buenos Aires. Esa declaración que se acompaña en los Anexos, la publiqué en mi primera reedición de Montoneros final de cuentas (Ediciones de la Campana, 1999). Confirmé la autoría del libro sobre David Graiver. Estábamos en democracia. Me puse y sigo a derecho.
Sin embargo, no tengo prueba que dicha declaración consular haya sido volcada en la causa judicial, pues la convocatoria fue al menos irregular. Tendrían que haberme convocado por comisión rogatoria diplomática o judicial, no por un fax personal a mi lugar de trabajo en Ginebra, como sucedió. El procedimiento correcto se hizo en el juicio a los Comandantes de las Juntas Militares en 1985. Se les enviaron las preguntas a los testigos exiliados, mediante exhorto diplomático. El funcionario a cargo de la Embajada les leyó las preguntas del fiscal Julio C. Strassera, registró las respuestas y se remitieron a la H. Cámara por valija diplomática sin que los testigos se movieran del país de residencia.
Ese 18 de enero de 1991, el cónsul argentino en Zurich, Alfonso von Becke-Klüchtzner, ante el cual firmé mi declaración, también me renovó la validez de mi pasaporte argentino que me dieran mis captores de la ESMA, cuando me pusieron en libertad en 1978. Regresé en visita al país hacia fines de 1991. Dos ex-compañeros de cautiverio fueron a esperarme al Aeropuerto de Ezeiza: Lila Pastoriza y Martín Gras. Fui el último refugiado reconocido por la ONU en retornar a la Argentina. No pude estar antes en Buenos Aires, en concreto el 26 de abril de 1990, como pretende Marziotta.
Ni antes ni después, jamás puse el pie en oficinas de los magistrados de la causa. Nunca firmé nada ante ellos. No obstante, como es de público conocimiento, algunos personajes vinieron a Ginebra a presionarme, ofrecerme dinero, o me llamaron por teléfono, como lo denuncié en su oportunidad. Los biógrafos de Galimberti lo han desmenuzado. Yo no quería acumular más conflictos en mi vida errante de emigrado político. No podía dejar pasar la oportunidad de continuar insistiendo por mi indulto, aunque sin pagar precio alguno, lo que mis indeseables interlocutores no querían hacer. Perduraba el peligro sobre mi libertad. Era viudo con dos hijos menores y pendía sobre mi cabeza el pedido de captura internacional del fiscal Romero Victorica.
En ese contexto, no debe perderse de vista la jurisprudencia internacional en la materia. Cualquier país de acogida de un extranjero requerido en extradición por otro país, no se expide sobre el fondo de la controversia. No le da la razón a ninguna de las partes en pugna. Solo debe pronunciarse sobre el foro donde debe dirimirse el conflicto entre el Estado requirente y la persona requerida. Suiza podía ponerme en un avión a Buenos Aires en cualquier momento. La decisión final no es recurrible, y es gubernamental, no judicial.
Con todo, mi argumento de confirmar el libro en el sumario, para lo cual debían antes indultarme, condición indispensable para viajar libre a la Argentina, resultó indigerible para los enviados del gobierno y de Jorge Born que venían a verme. Ninguno podía aceptar mi versión del caso Graiver, que sigue a la vista de quien quiera leerla. Por cierto, la presentación del libro testimonial mío en la causa, por lo contradictorio con la nueva historia oficial, pergeñada por Galimberti el 26 de abril de 1990, nunca ocurrió. Jamas hubo transacción alguna.
A los que desfilaban por Ginebra para quebrarme, y pagar un precio inconfesable por el indulto, lo único que les importaba era que yo delatara gente. Born me envió un emisario portador de unas 200 preguntas escritas para que botoneara y me auto-incriminara. Romero Victorica pretendía ir a Cuba a recuperar fondos montoneros y fantaseaba que yo debía ayudarlo. La policía federal suiza fue a su hotel en Ginebra y lo expulsó por intentar realizar un “acto de instrucción” al venir para hablar conmigo, sin pedir la autorización judicial previa. A Galimberti lo demoraron en la aduana porque tenía pedidos de captura no removidos por la democracia. El otrora líder de la JP y el superfiscal de menemismo estaban obsesionando con el periodista Horacio Verbitsky. Los biógrafos Larraquy y Caballero reconstruyeron la trama de aquel delirio. De hecho, Romero Victorica, el Tata Yofre, Born y Menem aún me deben estar esperando que vaya a declarar a Comodoro Py.(1)
Me detendré sobre los detalles de mi indulto. Es un rompecabezas que vale la pena reconstruir. El decreto presidencial que me indultara en fomra exclusiva el 14 de agosto de 1990, citado por la Marziotta, a su vez desindultaba a una de mis compañeras de cautiverio en la ESMA, Lila Pastoriza, indultada por presunto error con anterioridad en un decreto grupal y genérico de varias decenas de perseguidos como ella y yo, del que me habían dejado a afuera. Verificarán al calce que “mi” decreto es de una generalidad abstracta inasible. Un texto corto redactado a las apuradas, insulso que sólo sirvió para que cesaran de perseguirme, sin contrapartida de mi lado. Sería absurdo sostener, como induce la nota de Página/12, que Menem lo hizo por alguna razón causal vinculada a conjeturales declaraciones mías que no existen, si es lo que Marziotta ha pretendido postular.
La razón de este “tratamiento personal” del que fui objeto no es quizá tan insólita. Es probable que me excluyeron en una primera instancia del indulto para coercionarme y querer doblegar mi resistencia a someterme a los funcionarios políticos y judiciales de turno. Pero como no cedí, protesté, mediante un abogado que fue a la Casa Rosada y presentó una queja, y armé ruido mediático. Al final, resolvieron indultarme, sin que yo endosara ninguna contrapartida. Queda para los historiadores desentrañar si esos indultos presidenciales a las decenas de “procesados” por hipotéticos crímenes relacionados con la oposición a la dictadura, fueron dentro o al margen de la ley, ya que la facultad del Presidente se refiere a indultar individuos condenados y no era mi caso.
Gisela Marziotta y Página 12 han falseado la verdad de hechos probados. De manera subrepticia me acusan de haber tenido motivaciones espurias en mi conducta pública y privada. Por lo demostrado antes, utilizan un hecho de suma importancia de la historia política reciente, relacionado con la lucha de la tendencia revolucionaria del peronismo, haciéndome responsable de una contraprestación previa mía al indulto de Menem, para colmo a través de una declaración llevada a cabo por otra persona. Es una aberración porque me adjudica una intencionalidad opuesta a las convicciones que he mantenido a lo largo de mi vida.
Por todo esto, pedí dos veces a Marziotta que se rectificara, con copia a otro miembro de la redacción de Página 12 como testigo. No lo han hecho. Desafío a Página 12, diario cuyo staff fundador integré en 1987, a que exhibieran una declaración mía en la causa que sostenga su acusación. Página 12 y Marziotta ha sido injuriantes conmigo. Condeno tal gesto que repugna, al tiempo que busca denigrar y revictimizarme como perseguido político tanto de la última dictadura militar como del menemismo.
(1) Galimberti, de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Norma, 2000. Extracto del informe en francés del Departamento Federal de Justicia y Policía suizo, del 27 de marzo de 1991, sobre el pedido de captura y extradición de la Argentina en mi contra. Enlace: https://bit.ly/2MKKS8A
Juan Gasparini es autor del libro Montoneros final de cuentas, 1988, reeditado sin cambios en 2019 por editorial Estela Eterna.
