La Policía de Río Negro está bajo investigación por la represión en la marcha en Lago Escondido.
Hace instantes culminó la audiencia judicial por zoom, de la que participaron las víctimas de la violencia, que son parte de la causa Gabriel Berrozpe, Celeste Fierro, Julieta Luna, Alejandra Bartoliche, Marcos Cianni, Leandro Rachid, Gastón Harispe, Joel Sverdilk y Gonzalo Alvarez.
La querella pidió que se apartase a la fuerza de seguridad provincial de tareas de investigación por su presunta implicación en los siniestros.
El eventual involucramiento de la fuerza provincial fue expresado por el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, en una audiencia judicial que se realizó hoy por zoom en la que el juez Juan Pablo Laurence entendió que la Policía “no debe ni realiza la investigación”, sino que la encabeza el Ministerio Público Fiscal con su equipo y aclaró que, según las expresiones del fiscal, la fuerza podría quedar involucrada en la causa por posible omisión u otro tipo de calificación vinculada a su rol en la manifestación en el paraje El Foyel que terminó con dos decenas de personas heridas, ante la violencia desplegada por pobladores y jinetes durante los días de la marcha y frente a la Policía que se encontraba sobre ruta 40 y dentro del camino público de «Tacuifi» .
Hay 25 sentencias judiciales que la Gobernación de Río Negro desoye sobre la calidad del camino público, que garantiza el acceso de la ciudadanía al Lago Escondido en una traza de 15 km.
El juez remarcó que no tiene conocimiento del expediente judicial e insistió que la causa está en etapa de investigación preliminar, sin acusados identificados ni cargos formulados. Consideró válida la explicación del fiscal Arrien respecto de que no hay una intervención de la Policía de Río Negro en las tareas de investigación que encabeza el Ministerio Público, por lo que no es necesario su apartamiento por encontrarse investigada.
El Dr. Ezequiel Palavecino hizo el planteo al que adhirieron otras dos querellas representadas por Nadina Moreda, que representa a la Agencia de Noticias Telam y a la foto periodista Alejandra Bartoliche y Maximiliano Geido, porque es notorio que la investigación no avanza cuando los bienes jurídicos tutelados y avasallados tienen responsables públicos en imágenes viralizadas de los sucesos ocurridos entre el 30 de enero y 3 de febrero en el marco de la marcha por la Soberanía articulada por la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua (FIPCA).
“Hay hipótesis que involucrarían al personal policial en distinto grado y funciones”, aclaro el juez refiriéndose a los dichos del fiscal.
Arrien puso énfasis en remarcar que es su fiscalía quien conduce la investigación y dijo garantizar un trabajo independiente en esta causa: “No vemos ningún riesgo en el avance de la investigación, si lo viéramos tenemos otras alternativas de convocar a otras fuerzas”.
Indicó además que recibió informes pedidos a la Policía de Río Negro respecto del operativo que “están siendo analizados” aunque las querellas no fueron notificadas de dicho avance.
Las querellas insistieron con el involucramiento de la Policía de la Provincia de Río Negro
El abogado Palavecino pidió que la Policía de Río Negro no intervenga en la investigación del expediente por considerar que “la misma policía que investiga debe ser investigada” por su acción u omisión en el procedimiento realizado en el camino Tacuifí.
Palavecino dijo que hay pruebas de imágenes y testimonios respecto del operativo policial desplegado en la marcha por el acceso al lago Escondido, que estuvo a cargo del jefe de la Regional Tercera de Policía, Elio Tapia, y donde también estuvo el comisario Saúl Bobadilla.
Insistió en que “no hubo ningún accionar por parte de la policía” ante las agresiones ocurridas junto al portón de acceso al camino y 5 horas más tarde en el interior del camino donde fueron atacados manifestantes y una reportera gráfica de la agencia de noticias Télam, que habían accedido al lugar desde un sendero alternativo y pretendían salir caminando.
El querellante indicó que el informe que la Policía de Río Negro remitió a la fiscalía respecto de su operativo de seguridad cuenta solo con tres carillas y carece de precisiones. También denunció tareas de «inteligencia» respecto de los manifestantes, quedando en evidencia que «estaban marcados» por los agresores y la policia, antes de las agresiones
Morena adhirió a los planteos de Palavecino y agregó que en el caso de su asistida se suma el precepto del ataque a la libertad de prensa y su testimonio respecto de que policías ingresaron al camino Tacuifí, luego de la agresión, transportados por una camioneta particular de unos de los agresores y que no hubo intervención en defensa de las víctimas.
Cuando ocurrió la violencia en el camino publico Tacuifí, propinada por pobladores y personas montadas a caballo, con agentes de civil participando y la Policía de Río Negro mantenía un gran cordón policial en el exterior del sendero vehicular que se encontraba cerrado con un portón. Nunca ingreso el operativo para impedir la agresión y después de las agresiones y ante el pedido de ayuda para retirar a las personas lesionadas de ese lugar, no garantizo su integridad física, no contando ni con radios para pedir asistencia ni ningún equipo de defensa.
Los manifestantes agredidos relataron que agentes policiales, tras la agresión, llegaron transportados en una camioneta desde el propio predio, de unos de los agresores que intento arrollarlos y luego continuaba profiriendo amenazas delante la propia policía, que decía recibir «órdenes del lago» y que se negó a dar asistencia médica.
