Uno de ellos es el Pegua, titular de la sociedad de fomento San Pedro, de Berazategui. Le cobraban a cooperativistas de Barrios de Pie, cuya líder local es Salomé Pereyra, concejal y polifuncionaria del intendente JJ Mussi (foto). Implican a cooperativas de Quilmes, Varela y Berazategui.
Procesan y encarcelan a tres “chocolates” de sur del GBA que cobraban comisiones por planes sociales.
(Clarín) La jueza Alejandra Provítola los procesó como miembros de una asociación ilícita que extorsionaba a por lo menos veinte personas carenciadas para sacarles una comisión de sus planes sociales. Fueron detenidos mientras operaban un cajero automático en la CABA. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 30, a cargo de Marcela Sánchez.
Los tres «chocolates» son José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, quienes cobraban las tarjetas de débito de por lo menos veinte personas carencias vinculadas a Barrios de Pie y cooperativas de Berazategui, Varela y Quilmes.
El primer «chocolate» detenido fue Julio Rigau, puntero de La Plata; usaban la modalidad de cobrar sueldos de empleados de la Legislatura.
La investigación se inició en diciembre de 2019 cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros y efectuaban varias operaciones. Utilizaban diversas tarjetas bancarias. Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificarlos y determinar si las tarjetas estaban a su nombre.
Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.
Con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la Fiscalía logró determinar que las tarjetas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.
La representante del Ministerio Público Fiscal requirió medidas que evidenciaron que los dos procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Berazategui, Varela y Quilmes.
A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas Argentina Trabaja y -luego renombrado- Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos.
La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.
También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.
En base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos dos víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.
Determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.
La jueza dictó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta cubrir $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas.
La jueza Alejandra Provítola.
Coberturas
SALPICA A MUSSI: DETIENEN A TRES PUNTEROS POR FRAUDE CON PLANES SOCIALES (ahoraonline.com.ar)
Excelente , en la era Milei se terminan los cueros aunque no debería existir la prisión domiciliaria.
Domiciliaria le dan a los genocidas que violaban adolescentes. Imaginate.