Detectaron colocaciones millonarias en Supervielle, Credicoop y Galicia, en violación a las normas.
(RealPolitik, 15) El Tribunal de Cuentas bonaerense observó a la Municipalidad de Berazategui por haber constituido plazos fijos en bancos privados por montos que superan los 50.000 millones, una práctica que contradice la normativa que regula la administración de fondos públicos.
Según el informe, las colocaciones se realizaron en Banco Credicoop, Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco Hipotecario, en operaciones de altísimo volumen, en desmedro del Banco Provincia.
Entre los casos más significativos, la gestión correspondiente al ejercicio 2024, encabezada por el intendente Juan J. Mussi (fallecido un año después) y continuada en parte del período por Carlos Balor, registró depósitos en moneda nacional por:
Banco Credicoop:
– 7.020.000.000
– 7.300.000.000
– 7.560.000.000
– 7.836.000.000
– 8.130.000.000
Banco Galicia:
– 650.000.000
– 1.200.000.000
– 1.500.000.000
– 1.600.000.000
– 1.652.000.000
Banco Supervielle:
– 340.000.000
– 700.000.000
– 700.000.000
– 750.000.000
– 750.000.000
– 1.600.000.000
– 1.700.000.000
Banco Hipotecario:
– 300.000.000
– 310.000.000
– 321.000.000
– 331.000.000
Estos movimientos surgen de las órdenes de pago vinculadas a inversiones financieras realizadas durante el ejercicio 2024.
Un incumplimiento legal, más allá de la rentabilidad
El punto central de la observación no es financiero sino normativo. El Tribunal fue categórico al señalar que los municipios deben operar en exclusiva con bancos oficiales, por lo que las colocaciones en entidades privadas constituyen un incumplimiento legal.
En su descargo, las autoridades municipales argumentaron que la decisión respondió a la búsqueda de mejores tasas de interés. Sin embargo, el organismo rechazó ese criterio y remarcó que la gestión de fondos públicos debe ajustarse a la estricta normativa vigente, con independencia de su rentabilidad.
Responsabilidad sin multas
A pesar de la magnitud de las irregularidades detectadas, correspondientes al ejercicio 2024 —bajo la gestión de Mussi—, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas por unanimidad y no aplicó multas económicas, sino únicamente amonestaciones administrativas a funcionarios del área económica y contable.
Entre los sancionados se encuentran el secretario de Economía, Santiago Castagno; el contador Marcelo Fabián López; la subcontadora Marisol Alejandra Castañeda; el tesorero Marcos Nahuel Fernández; y la subsecretaria de Personal, Alejandra Mariel Vernasca; quienes recibieron amonestaciones administrativas.
La resolución deja constancia de que varios funcionarios —entre ellos el ex intendente Patricio Mussi, junto a Carlos Balor, Augusto Leonardo Díaz Kergaravat, Javier Hernán Amat, Rubén Leonardo Gorosito, Gustavo Alejandro Campos, Andrea Elisabet Canestro y Marcelo Fabián Benedetti— no deben considerarse exentos de responsabilidad, ya que algunos aspectos del expediente continúan bajo análisis y fueron dejados en suspenso.
El fallo marca un punto intermedio: reconoce incumplimientos, pero sin avanzar —al menos por ahora— en sanciones más severas, dejando abierta la posibilidad de futuras definiciones.
Riesgos y otras irregularidades
La maniobra no sólo implica una irregularidad administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades personales de los funcionarios que autorizaron las operaciones, observaciones con impacto sancionatorio, y cuestionamientos sobre la seguridad y trazabilidad de los fondos públicos.
Además del eje financiero, el informe incluye una serie de observaciones que refuerzan un cuadro de debilidades en la gestión:
- Errores contables en la exposición de saldos y clasificación de cuentas
- Falta de implementación de sistemas clave de administración y control
- Gastos sin respaldo suficiente, con dificultades para acreditar el destino de insumos adquiridos
- Pagos indebidos, como multas de tránsito que no correspondían al municipio
- Fondos afectados no ejecutados, incumpliendo su destino específico
El caso deja planteado un debate de fondo sobre la administración de recursos públicos. Por lo pronto, para el Tribunal de Cuentas, la conclusión es contundente: la búsqueda de mayor rentabilidad no habilita a apartarse de la ley. Aunque ello no haya ameritado ningún tipo de sanción pecuniaria.