El Fiscal Federal dictaminó a favor de habilitar la instancia judicial contra el Congreso de la Nación. En paralelo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) otorgó número de expediente institucional al reclamo promovido por la Dra. Sandra Massimino y un Club de Madres de Quilmes.
La batalla legal e institucional para frenar la parálisis operativa de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación ha logrado un avance clave tanto en los tribunales de la República como en los ámbitos colegiales.
La acción de amparo colectivo promovida por la Dra. Sandra Beatriz Massimino (Asambleísta y Secretaria Adjunta de la Comisión de Derecho y Política de Gestión del CAQ), actuando en su carácter especializado de Abogada del Niño, junto al Club de Madres «Lidia Peñaloza» de Quilmes, ya se encuentra formalmente en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 , bajo el número de Expediente CAF – 28421/2026.
El proceso penal-institucional obtuvo un respaldo técnico fundamental: el Fiscal Federal de la causa, Dr. Fabián Omar Canda (Titular de la Fiscalía N° 8 del fuero), emitió el Dictamen Número 3712/2026, mediante el cual rechazó cualquier tipo de traba procesal, ratificó la competencia de la Justicia Federal y habilitó formalmente la tramitación del amparo colectivo.
Tres frentes clave del reclamo institucional
El conflicto, que se originó cuando una nueva mayoría de la Comisión Bicameral del Congreso intentó anular por resolución interna un concurso público totalmente terminado y que ya contaba con aprobación parlamentaria, sumó nuevos hitos de alto impacto:
- El aval del Ministerio Público Fiscal: En su dictamen, el Fiscal Canda validó la estructura de la demanda colectiva, reconociendo la procedencia del caso bajo el estándar del fallo «Halabi» de la Corte Suprema y destacando la urgencia denunciada por la grave acefalía que afecta las funciones esenciales de tutela operativa de la Ley 26.061.
- Apertura de expediente en el CPACF: Ante la gravedad de la maniobra legislativa que vulnera la seguridad jurídica de los concursos públicos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) tomó intervención formal asignando un número de expediente institucional al reclamo presentado por la Dra Massimino,
- Alianza técnico-territorial contra la desprotección: La demanda unifica la idoneidad técnica de la Abogada del Niño con el arraigo comunitario del Club de Madres «Lidia Peñaloza» (registrado bajo el Legajo Nro 51237), exponiendo ante el juez federal el desamparo real y fáctico que sufren los menores en las barriadas vulnerables del sur del Conurbano al no contar con un Defensor Nacional operativo.
«La legalidad del Congreso no está exenta del control de los jueces»
«El dictamen favorable del Fiscal es un triunfo para las infancias; confirma que no estamos ante una discusión política abstracta, sino ante un control de legalidad sobre actos administrativos de una comisión que desbordó sus facultades de forma arbitraria», explicó la Dra. Sandra Massimino. «Que la Defensoría esté acéfala no es gratis: significa que miles de chicos en situación de vulnerabilidad hoy no tienen quién ejerza su máxima defensa técnica ante el Estado».
Con la habilitación de la instancia por parte de la fiscalía, el expediente volvió al despacho del Juez Federal, quien deberá resolver de forma inminente sobre la medida cautelar urgente de prohibición de innovar. Esta medida busca suspender los efectos de las polémicas resoluciones del Congreso y congelar cualquier intento de convocar a un nuevo concurso, resguardando la validez de la terna ganadora (Bertero-Robledo-Vito) para que el Senado de la Nación proceda a su tratamiento definitivo.
