Es por más de 2 millones.
El Abril, de Hudson, recibió una multa de 2.438.321 pesos por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia debido a que la administración del barrio privado se negó a presentar documentación y obstruyó la inspección de las condiciones de su personal.
Según el comunicado del Ministerio:
«Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor»
Ministra Mara Ruiz Malec
Funcionarios del Ministerio visitaron al country en dos oportunidades, el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2021, dónde se solicitó las autorizaciones del ingreso y egreso de los trabajadoras a las viviendas desde los tres meses anteriores a la primera visita. Frente a la negativa por parte de las autoridades para presentar los informes solicitados, se multó a las administración de Abril.
Algo similar ocurrió con un barrio privado en Pilar.
Según el informe Trabajadoras de Casas Particulares elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero 2022 (https://www.trabajo.gba.gov.ar/informe-trabajadoras-casas-particulares), a partir de las bases de datos de la EPH-INDEC del tercer trimestre de 2021, el 99 % de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres.
En este sector se desarrollan el 18 % del total de asalariadas de la Provincia y la enorme mayoría de ellas lo hace en la informalidad ya que más del 76 % no se encuentran registradas en la seguridad social, el 74 % no tiene Obra Social, el 72 % no tiene cubiertos sus días por enfermedad, el 70 % no cobra aguinaldo y el 69 % no tiene vacaciones pagas.
El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil ya que cubren el 20 % de la canasta básica total y alrededor del 50 % de la canasta básica alimentaria.
«Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno»
Ruiz Malec
«Los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de 3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios. Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo porque no hay mayor justicia social que ésa…».
