Repudió amenazas de muerte contra dos periodistas y pidió una investigación urgente
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió las amenazas de muerte dirigidas contra Ignacio Ortelli y Tomás Méndez, y advirtió sobre la gravedad de los hechos, que fueron denunciados en los últimos días.
A través de una declaración difundida este lunes 13 de abril, la entidad señaló que “repudia las amenazas de muerte dirigidas contra dos periodistas y advierte sobre la gravedad de estos hechos”. Según precisó, los mensajes intimidantes fueron recibidos y dados a conocer por los damnificados y los medios en los que se desempeñan.
Ortelli, quien trabaja en Radio Rivadavia y A24, hizo pública una amenaza que recibió a través de la red social Instagram y que posteriormente difundió en su cuenta de X. El episodio generó preocupación en el ámbito periodístico por el tenor de los mensajes.
En paralelo, Méndez —integrante de Grupo Octubre— denunció ante la Policía de la Ciudad haber sido víctima de amenazas y de seguimientos sospechosos dirigidos tanto a él como a su familia, de acuerdo con la información que la propia empresa comunicó a ADEPA.
La entidad consideró que “este accionar claramente ilegal constituye un grave mecanismo de intimidación” y exhortó a las autoridades a intervenir con rapidez. Reclamó que los hechos sean investigados “con celeridad”, con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los periodistas afectados.
El pronunciamiento se inscribe en un contexto de creciente preocupación por las condiciones en las que se ejerce el periodismo, especialmente frente a episodios de violencia o intimidación que pueden afectar la libertad de expresión y el normal desarrollo de la actividad profesional.
En los últimos meses se registraron agresiones a periodistas de distintos medios y líneas editoriales durante coberturas de manifestaciones, en un contexto de alta conflictividad social. A ello se sumaron cuestionamientos reiterados del presidente Javier Milei hacia la prensa, con acusaciones públicas contra periodistas y medios, así como la creación de una oficina oficial orientada a refutar lo que el Gobierno define como “mentiras” de la prensa y de la oposición.
En paralelo, se denunciaron episodios de violencia durante operativos de seguridad en protestas, que dejaron periodistas heridos mientras realizaban su trabajo. Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó lesionado en el marco de una represión policial.