(Por María Maneiro* y Santiago Nardin**)
Ante las noticias sobre tomas de tierras en el conurbano y la periferia de la capital provincial, más allá del tratamiento estigmatizante y las exigencias punitivas, nos preguntamos por la magnitud y novedad de estas ocupaciones que revelan viejos problemas irresueltos y sugerimos itinerarios de acción acorde a derechos.
Loteo popular, mercado informal y ocupaciones directas
El hábitat popular en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) –abarca la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios que la rodean, incluso la capital provincial– condensa itinerarios de apropiación diferentes. Si bien la compra de terrenos por loteos fue la forma más extendida, muchas fracciones quedaron excluidas de este formato. Así, se instituyó una larga historia de organización. Esta constituye una respuesta frente a la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario formal y a la inconstancia de las políticas públicas de vivienda.
En este marco, se desarrollaron desde la década de 1960 diversas estrategias individuales y colectivas de producción del hábitat en el contexto de la informalidad: loteos piratas –fraccionamientos en tierras realizados por personas que no poseen la titularidad y la comercializan a compradores de buena fe– y ocupaciones directas con diverso nivel de organización. Estas ocupaciones fueron promovidas por movimientos sociales, políticos o religiosos, en esta interacción entre la necesidad, la experiencia organizacional popular y la inscripción institucional. Si los loteos piratas y las ocupaciones organizadas son modalidades polares, entre ellas se ubican múltiples variantes que articulan elementos de ambas.
Barrios populares por década de ocupación y distribución por cordones. RMBA
A partir de la década de 1990, las estrategias del acceso al hábitat por parte de las clases populares en el Gran Buenos Aires se vieron enfrentadas a nuevos desafíos: el agotamiento de la tierra disponible, sobre todo en el primer cordón, –como resultado del aumento de la población y el desarrollo de las urbanizaciones cerradas–, una transformación en la forma de intervención estatal en los territorios, la privatización de los servicios públicos, una política penal más severa hacia las ocupaciones, y el enorme deterioro del salario y el aumento de la desocupación.
En la década posterior, una política pública de construcción de viviendas aún insuficiente pero muy relevante, junto con la recomposición parcial del salario real y una caída sensible del desempleo podrían haber resultado en una nueva alquimia para el problema del hábitat, sin embargo todo ello encontró un límite en el aumento del valor del suelo urbano.
El constante aumento de la población presionó sobre los asentamientos consolidados, donde se desarrollaron procesos de subdivisión de los terrenos; estos tendieron hacia la consolidación de nichos de hacinamiento; la sobreposición de mayores tasas de hacinamiento y barrios populares puede verse en este Mapa:
Hacinamiento y barrios populares en RMBA
En este contexto, un nuevo ciclo de ocupaciones tuvo fuerza para finales de la primera década de este siglo. Las nuevas ocupaciones se asentaron en terrenos cada vez más degradados; en general, cercanos a los arroyos muy contaminados y expuestos a graves riesgos ambientales.
“El aumento en la precarización de las inscripciones laborales, las dificultades dinerarias de la población y la incapacidad de previsión económica de mediano plazo se vincularon con nuevas formas de violencia, disputas por el control de los territorios y debilitamiento de las redes comunitarias previas”.
A su vez, en estos ámbitos con escasa capacidad de regulación estatal, se fueron desarrollando modalidades de alquiler informal. Estas formas de habitabilidad afectaron las dinámicas de sociabilidad, promoviendo mayores movilidades y se ligaron a peores condiciones de negociación para los inquilinos que poseyeron escasa capacidad de defensa de sus derechos.
Una política regresiva se conjugó con nuevas dificultades para el acceso al hábitat durante los últimos años. El aumento en la precarización de las inscripciones laborales, las dificultades dinerarias de la población y la incapacidad de previsión económica de mediano plazo se vincularon con nuevas formas de violencia, disputas por el control de los territorios y debilitamiento de las redes comunitarias previas. Más violentados y con menores instancias de protección, los habitantes de los barrios populares se encuentran en múltiples situaciones cotidianas de riesgos y precariedad.
Las tomas en la Región Metropolitana durante la pandemia
Desde comienzos de julio se registran cada vez más noticias sobre tomas de tierras en el Gran Buenos Aires y en La Plata; muchas citan como fuente un informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Según este informe, en lo que va del año, se registraron 140 intentos de ocupaciones –“usurpaciones” le llaman–.
En el tratamiento mediático se asocia de manera explícita las tomas con crecientes episodios de inseguridad y remarcan la incapacidad del gobierno para contener estas situaciones; a mitad de camino entre lo delictivo y la crisis económica que provocó la pandemia, las notas reponen la voz de algunos intendentes y del ministro de Seguridad Sergio Berni que reclaman intervenciones más punitivas.
La información concreta que se brinda sobre las ocupaciones, sin embargo, es escasa y confusa. Las noticias dan cuenta de una treintena de intentos de tomas en La Plata y repasan la masiva ocupación que se desarrolla en el Municipio de Presidente Perón. Hay menciones menos detalladas sobre ocupaciones en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Varela, San Martín, Merlo…
Desde que comenzaron las medidas de aislamiento como respuesta a la pandemia, se registraron nuevas tomas; la incapacidad de regulación de los desalojos en los vínculos informales y la escasez de dinero está en el centro de la cuestión aunque no explica todo el fenómeno.
En una primera aproximación sistemática a estos episodios que realizamos a través de entrevistas a referentes de organizaciones y funcionarios de gobierno, identificamos dinámicas que iluminan aspectos invisibilizados en el tratamiento que dio la prensa.
Algunas de las “tomas nuevas” –que incluyen la ocupación directa o alguna forma de loteo irregular– refieren a casos de hace hace más de un año. El conflicto en el límite entre José C. Paz y Moreno, alrededor de un plan de viviendas inconcluso –denominado “300 casitas”– se remonta, por lo menos, a mediados de 2018.
En segundo lugar, las únicas referencias a la intervención estatal refieren a la represión –o su ausencia, en cuyo caso, se la reclama–. La Policía bonaerense y otras fuerzas –de acuerdo a diversas fuentes periodísticas– intimidan, amedrentan y protagonizan desalojos violentos en numerosos episodios en La Plata, P. Perón y San Martín.
“En las ocupaciones de tierras que se producen en la Región Metropolitana de Buenos Aires, desde hace más de tres décadas, es posible reconocer una diversidad de actores, con lógicas organizativas y propósitos muy diversos y hasta en abierta contradicción”
Otras iniciativas estatales se han puesto en marcha para abordar los conflictos habitacionales desde una perspectiva no punitiva, entre las que se encuentra el Plan de Urbanización del predio de Los Hornos promovido por la Subsecretaría de Hábitat provincial. La actuación del Defensor del Pueblo de la Provincia constituye una modalidad activa, participativa y en pos de la resolución de los conflictos a tono con una modalidad de intervención estatal acorde a derechos.
Las noticias tienden a centrarse en la presencia de loteadores y operaciones mercantiles informales como la única forma de organización de los asentamientos, y ello conduce a una fuerte deslegitimación de las demandas habitacionales. En las ocupaciones de tierras que se producen en la Región Metropolitana, desde hace más de tres décadas, es posible reconocer una diversidad de actores, con lógicas organizativas y propósitos muy diversos y hasta en abierta contradicción.
Si bien existen loteadores que fraccionan tierra cuya titularidad no poseen y redes ligadas a ciertas actividades delictivas que cuentan con algún tipo de complicidad con las fuerzas de seguridad, también existen una densa red de organizaciones sociales, políticas y religiosas que promueven proyectos habitacionales y que son la principal red de contención contra especuladores y loteadores. En las ocupaciones, en especial las que comprenden grandes extensiones de tierras, es posible reconocer la existencia de estos múltiples entramados; el fomento de la capacidad organizativa de las entidades territoriales es uno de los aspectos centrales para reconstruir otras relaciones de poder y de solidaridad en los barrios populares.
Cuando se denuncia la existencia de prácticas mercantilizadoras, en realidad, se hace referencia a un sinfín de actividades de naturaleza muy diversa: desde especuladores especializados en la comercialización de tierra informal, hasta ocupantes que pactan un pago para que un familiar cuide el lote en el caso de que aquellos no puedan hacerlo. Este universo de prácticas responde a dinámicas y actores heterogéneos. Diferenciar formas de ejercicio de la economía de subsistencia, de las relevantes pero acotadas modalidades de mercantilización ampliada, es un aspecto nodal para salir de la confusión acerca de las dinámicas barriales.
Estamos ante un caleidoscopio que contiene ocupaciones pre-existentes que experimentan un crecimiento más acelerado; ante intentos fallidos de ocupación que son reprimidos y tratados de forma punitiva; estamos ante tomas, algunas pequeñas y otras muy masivas. Las noticias aluden sólo a la presencia de transacciones mercantiles y a tramas de ilegalidad, desconociendo –de manera intencional– la enorme heterogeneidad de actores que confluyen –de manera conflictiva– en las ocupaciones.
Sistematizar la situación de las tomas de tierras en la Región Metropolitana a partir a de diversas fuentes nos conducen a producir conocimiento sobre las dinámicas que caracterizan a estos procesos –las características de la población que ocupa, el tipo de entramados organizativos involucrados y las lógicas que ponen en juego, las relaciones que establecen con los poderes públicos, entre otros–, y con ello, aportar al desarrollo de iniciativas que contrarresten el tratamiento estigmatizante que predomina en el abordaje mediático hegemónico.
“El derecho al hábitat es una deuda de la democracia, la producción de conocimiento de calidad sobre este problema es un desafío de quienes nos dedicamos a su estudio”.
*Investigadora del Conicet/Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
**Mg. en Estudios Urbanos (UNGS) y docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Cómo aqui en Venezuela
Que pavada la comparacion con Venezuela