Por ANRed
En 2021, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, ordenó la elevación a juicio de la causa contra Yolanda Vargas, una trabajadora salteña que perdió a sus hijos Thiago (4) y Melani (6) en el incendio de su casilla el 9 de febrero del mismo año, en el asentamiento de Las Palmeras (Colonia Santa Rosa- Salta). Fue acusada de «abandono seguido de muerte» y este 3 de febrero tendrá que afrontar un juicio.
Claudia Carreras, de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas del Departamento de Orán, basó la acusación en «testimonios anónimos», que luego se conocieron por acción de la defensa: una vecina y el progenitor de los niños, el subcomisario de Las Palmeras, quien tenía una denuncia por no pagar la cuota alimentaria.
Desde la Campaña de Absolución para Yolanda Vargas, indicaron que momentos posteriores al incendio, ella fue obligada a declarar en estado de shock en la comisaría. Fue detenida e incomunicada por 23 días. Luego de una importante movilización, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva.
Cuentan que a Yolanda le impidieron velar a sus niños. Llevada por seis agentes penitenciarios, no le permitieron ni acercarse al cajón. Pasó la primera parte de su encarcelamiento en el “chancho”, la celda de “castigo” del penal de mujeres de Orán. Según le dijeron, por «mala madre».
La defensa aportó, por el contrario, testimonios claves que desbarataron el argumento de la fiscal de que Yolanda habría «abandonado a sus hijos». Entre ellos se encuentran dos testimonios de agentes sanitarios que atendían desde muy pequeños a los hijos.
La pericia no fue realizada por la policía. No se da cuenta de las razones del incendio. En el lugar, encontraron restos de los niños. Lo que pone más en duda la rigurosidad de la investigación.
A pesar de la inconsistencia de la investigación y de la acusación de la fiscal, el juez Oyarzú dio lugar a la elevación a juicio y rechazó los pedidos de sobreseimiento acompañados por cientos de firmas.
Yolanda enfrenta una causa por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, que puede implicar una condena de 20 años. Su defensa está a cargo de los doctores Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda.
«Este intento de condena arbitraria contra una madre trabajadora es el botón de muestra del carácter clasista de la justicia y tiene el propósito de aleccionar a las madres trabajadoras y a la clase obrera», explicaron desde Política Obrera, organización a la que Yolanda pertenece.
«En Salta, solo este año, se han incendiado cuatro casillas. Tres de ellas en el Departamento de Orán. Yolanda es un chivo expiatorio para eximir de responsabilidades al gobierno responsable de que el 70% de la población sea condenada a la pobreza, la desocupación y la miseria».
Adhesiones por la absolución
Desde la Campaña por la absolución para Yolanda y Justicia por Melani y Thiago, juntan adhesiones; brindan información y actualizaciones a través de sus redes Facebook, Instagram y X.
Archivo del incendio
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