(5Días) Lo justifican por la complejidad de los hechos, la magnitud de las operaciones económicas, la posible existencia de activos en varias jurisdicciones y la capacidad económica de los imputados, que podría facilitar su fuga.
En un giro significativo en la investigación por presunto lavado de activos, el juez federal Luis Armella ha dictado nuevas medidas cautelares en la causa FLP 19947/2023 en la que se investiga el lavado de activos e intermediación financiera no autorizad en el manejo del barrio privado Hudson Park.
La decisión amplía las restricciones existentes y prohíbe la salida del país a varios de los investigados, en un intento por asegurar el proceso y evitar la continuidad de las actividades delictivas. Dispone la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial.
La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de activos por parte de diversas personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentran la Sociedad Fiduciaria Hudson Park SA, Diseñarq SA, Real Estate Investiments Fiduciaria SA, Matías Molinari, Carlos Molinari, Diego Molinari, Marcelo Suarez, María Florencia Mari, José Omar Fassi Lavalle, Michel Ali Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini (conocida como Liz Fassi Lavalle), María Lucrecia Silva, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío G. Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, Rolencmo SA, American Building Project SA, Suarez Global, Facility Managers S.A, y Administración Capra, entre otros.
Se sospecha que estas entidades y personas conformarían una organización dedicada a incorporar al sistema financiero fondos obtenidos de maniobras defraudatorias, calificadas como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados.
Irregularidades
El fallo de Armella destaca las conclusiones de la Prefectura Naval Argentina, que, tras analizar la documentación secuestrada en allanamientos vinculados a la administración de Hudson Park y, en particular, a la firma Capra & Asociados, detectó múltiples irregularidades.
Se estableció que esta estructura operaba como una sociedad irregular o de hecho, con profesionales y personal administrativo inscriptos en regímenes simplificados de tributación, sin una correspondencia adecuada con el volumen de operaciones gestionadas.
Se constató que Capra & Asociados ejercía un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso, manejando liquidaciones de expensas, cobros, pagos a proveedores y personal.
“Un punto crucial es el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo sin respaldo documental y la ausencia de registraciones contables formales, lo que impide reconstruir el circuito financiero de los fondos”.
El interventor designado del fideicomiso, Juan Carlos Sanguineti, corroboró estas irregularidades, mencionando que personal de Administración Capra retiró grandes sumas de dinero en efectivo sin dejar constancia antes de su llegada.
Compleja estructura societaria y conexiones
La investigación reveló una compleja estructura societaria vinculada al fideicomiso Hudson Park, con interrelaciones funcionales y patrimoniales entre Real Estate Investment Fiduciaria S.A., Rolencmo S.A., American Building Projects S.A., entre otras.
American Building Projects S.A. y Rolencmo S.A. serían beneficiarias del fideicomiso, percibiendo beneficios económicos, mientras que Real Estate Investment Fiduciaria S.A. (REI) habría actuado como administradora, gestionando y disponiendo de los fondos.
El fideicomiso inmobiliario habría sido utilizado para canalizar fondos de diversas fuentes, incorporándolos al circuito económico formal a través de operaciones inmobiliarias, comerciales y financieras, lo que es compatible con el delito de lavado de activos.
Identificaron conexiones entre los involucrados y otras estructuras societarias como Janos, Petrokar SA y Tierra de Motores, reforzando la hipótesis de un entramado organizado para la colocación y circulación de activos de presunto origen ilícito.
Petrokar habría sido conformada por María Florencia Mari y María Lucrecia Silva, vinculadas a otras estructuras bajo estudio.
Cautelares
El juez Armella ha dispuesto la ampliación de la prohibición de contratar al fideicomiso Hudson Park S.A. con la Administración Capra y Asociados, como la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial.
Esta medida se fundamenta en que la Administración Capra y Asociados, una sociedad de hecho sin registro adecuado y con empleados no registrados, habría sido un vehículo operativo esencial en el esquema investigado, en especial en la administración de fondos.
Ordenaron la ampliación de la inhibición general de bienes muebles e inmuebles para las siguientes personas jurídicas:
- HUDSON PARK S.A.,
- ADMINISTRACIÓN CAPRA & ASOC,
- REAL ESTATE INVESTMENT FIDUCIARIA SA,
- AMERICAN BUILDING PROJECTS S.A,
- ROLECMO S.A.,
- PETROKAR S.A.
La misma medida se aplica a las personas físicas: Carlos Molinari, Matías Nicolás Molinari, Diego Molinari, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra y Andrés Barbagallo.
Prohibición de salida del país
El juez Armella ha prohibido la salida del país a Carlos Molinari, Molinari Matías Nicolás, Molinari Diego, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra y Andrés Barbagallo.
La decisión del juez Armella busca no sólo recuperar los bienes producto de las actividades ilícitas, sino también evitar la prosecución de la actividad delictiva y asegurar una posible y efectiva condena, en una causa que promete seguir generando novedades en el ámbito judicial.
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