Foto: El director de la emisora y su abogado.
La emisora que afronta un pedido judicial para que desmonte su antena ha sumado en las últimas horas la adhesión de la máxima entidad de prensa del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Tres semanas antes, el caso había llegado a un medio nacional tras la gestión del Círculo Regional de la Prensa, que también hizo público su comunicado:
La FM Del Este (99.3) dirigida por Alberto Sabini, había concitado las adhesiones del Círculo de Periodistas y de la Asociación Orígenes, de historia local:
La labor del abogado Dante Morini motorizó la apelación a Cámara, a cuya Sala 2 en lo Civil y Comercial, de Quilmes, presidida por Edgardo Pablo Molins, con Diego De Rosa como vice, y Gonzalo Alfredo López Cardoso, vocal, quienes recibieron una detallada misiva de parte de ADEPA:
Nos dirigimos a ustedes en representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entidad que agrupa a medios de comunicación de todo el país y que tiene entre sus objetivos institucionales la defensa de la libertad de prensa y del derecho de la sociedad a recibir información plural.
Daniel Dessein, presidente. Martín Etchevers, presidente Comisión de Libertad de Prensa
El motivo de esta presentación es expresar nuestra preocupación institucional por la medida judicial que ordena el desmantelamiento y la demolición de la antena de transmisión de FM del Este, emisora de Berazategui que, según la información puesta en nuestro conocimiento, cuenta con licencia y autorización para operar.
Entendemos que la controversia patrimonial que involucra al inmueble donde funciona la emisora debe ser resuelta por las vías judiciales correspondientes y con pleno respeto de los derechos de las partes. No es propósito de ADEPA intervenir en esa disputa ni formular consideraciones sobre el fondo de las cuestiones sometidas a decisión de V.E.
Sin embargo, nos preocupa que una medida adoptada en el marco de ese litigio pueda producir, como consecuencia directa, la interrupción de las transmisiones de un medio de comunicación. Una decisión de esa naturaleza excedería los efectos propios de una controversia inmobiliaria y podría comprometer derechos de relevancia constitucional, entre ellos la libertad de expresión y de prensa, reconocida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, consideramos pertinente que se examine el alcance de las competencias jurisdiccionales involucradas, teniendo en cuenta el régimen federal aplicable a los servicios de comunicación audiovisual, las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. La existencia de eventuales riesgos para la seguridad de las personas o de las instalaciones merece, naturalmente, una atención adecuada, pero las medidas que se adopten deben contemplar el marco regulatorio aplicable y procurar evitar consecuencias innecesariamente restrictivas para el ejercicio de la actividad periodística.
La libertad de expresión posee una dimensión individual y una dimensión social: protege tanto el derecho de quienes comunican como el de quienes reciben información. Por ello, cualquier medida susceptible de impedir la transmisión de un medio debe ser examinada considerando sus efectos sobre la comunidad y la pluralidad de voces, sin que ello implique desconocer los derechos de terceros ni las exigencias legítimas de seguridad.
En virtud de estas consideraciones, solicitamos a V.E. que, al momento de examinar los recursos sometidos a su consideración, tenga especialmente presente la posible afectación de la libertad de expresión; evalúe el alcance de las competencias involucradas y la proporcionalidad de la medida dispuesta; y considere, en caso de resultar jurídicamente procedente, alternativas que permitan atender las cuestiones de seguridad que pudieran existir sin provocar la interrupción de las transmisiones de la emisora.
La presente comunicación responde al interés institucional de ADEPA en la protección de la libertad de prensa y del derecho a la información, sin pretender interferir en la independencia judicial ni anticipar opinión sobre la controversia patrimonial de fondo.