Hubo 38 allanamientos simultáneos en Berazategui, Varela, Quilmes, Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y CABA. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y, otras veinte, aprehendidas. En Varela, desbarataron una clínica clandestina.
El megaoperativo fue parte de una investigación sobre una organización con base operativa en Varela que ejercía la medicina sin habilitación y facturaba con matrículas truchas.
La empresa ofrecía servicios de ambulancias para afiliados de PAMI, IOMA y OSUTHGRA.La maniobra consistía en dos ejes:
- Personas que viajaban en las ambulancias y atendían emergencias sin contar con título ni matrícula habilitante.
- Médicos matriculados que prestaron sus datos, sellos y firmas a cambio de dinero para avalar las prestaciones y poder facturarlas a las obras sociales.
La causa cuenta con más de 30.000 horas de escuchas telefónicas. En los allanamientos se secuestraron 57 celulares, siete ambulancias, 5.780.200 pesos y 19.368 dólares; 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones de salud, recetarios, formularios de evaluación y talonarios vinculados a PAMI, tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, glucómetros, instrumental quirúrgico, jeringas, gasas, sondas, medicamentos y uniformes con inscripciones de servicios de emergencia.
Uno de los puntos más graves es la directiva a personal no habilitado para realizar prácticas médicas durante emergencias, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
El operativo fue coordinado por la UFIyJ 1 de Varela, a cargo del fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías 8 de Varela, a cargo de Marcelo Villagra.
Según la investigación iniciada en enero, el grupo habría brindado servicios de atención domiciliaria y traslados a hospitales y centros de salud utilizando vehículos ploteados como ambulancias y equipados sólo en parte.
Los investigadores analizan si hubo captación de pacientes mediante maniobras engañosas y si algunas prácticas realizadas sin la preparación adecuada habrían agravado cuadros preexistentes.
La pesquisa también apunta a una empresa con sede en Avellaneda. De acuerdo a la información oficial, empleados de esa firma habrían derivado prestaciones a la organización investigada.
La coordinación general habría estado a cargo de su principal referente, integrado por personas de distintas nacionalidades. Entre los investigados figura una contadora pública.
Bajo análisis están facturaciones vinculadas al PAMI y al IOMA. Por el momento no hay una determinación judicial sobre el alcance del perjuicio económico ni responsabilidad de los organismos.
La causa está caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores, y continúa en investigación para definir el rol de cada imputado y si hubo más integrantes.