Por Dante Morini (concejal mandato cumplido)
Nadie con criterio puede sentir simpatía por la última dictadura: todo golpe de Estado y toda forma de violencia institucional merecen rechazo. Sin embargo, la apropiación política de la bandera de los derechos humanos ha derivado en una lectura parcial de la historia que busca obtener rédito, lo cual también resulta cuestionable. Los crímenes cometidos desde el aparato estatal son de una gravedad incomparable y no pueden equipararse con delitos de particulares, que debieron haber sido juzgados conforme a la ley y un debido proceso justo. Presentar el golpe de 1976 como si hubiera interrumpido una etapa previa de plena democracia y paz distorsiona los hechos: la historia argentina es más compleja y debe ser contada en su totalidad.
Argentina ha atravesado múltiples dictaduras, incluso algunas con origen en gobiernos constitucionales debilitados. El terrorismo de Estado no comenzó de manera súbita en 1976, sino que tuvo antecedentes en los años previos, como la actuación de la Triple A durante el gobierno peronista. Aun así, la represión desplegada por el Proceso de Reorganización Nacional, con desapariciones forzadas, apropiación de menores y otras violaciones aberrantes, fue brutal e injustificable. Esas prácticas, sin embargo, reflejan una larga historia de deterioro institucional y desprecio por la legalidad.
Para muchos jóvenes resulta impactante saber que el golpe de 1976 no generó un rechazo unánime en su momento, sino que fue recibido con indiferencia o incluso alivio por parte de sectores de la sociedad, en un contexto de profunda crisis. Durante décadas, el país alternó entre gobiernos de facto y constitucionales, algunos de los cuales tampoco garantizaban una democracia plena debido a proscripciones y limitaciones políticas. Si bien los crímenes de la última dictadura fueron en especial graves, también lo eran las condiciones que precedieron al quiebre institucional.
Por eso, es fundamental fortalecer la democracia y sus instituciones.
Reducir el análisis histórico al 24 de marzo como origen de todo impide comprender en profundidad lo ocurrido y aprender de ello.
La memoria es indispensable, pero no debería ser impuesta ni manipulada con fines políticos.
En cuanto a las cifras de desaparecidos, discutirlas hoy resulta estéril: los datos oficiales ya reflejan una tragedia inmensa. La cifra más difundida cumplió en su momento un rol de visibilización internacional, pero no altera la magnitud del horror.
Es importante evitar caer en nuevas interpretaciones sesgadas que, en reacción a otras, terminen minimizando la gravedad de haber combatido la violencia con métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos. La verdadera respuesta a la violencia es el respeto irrestricto por la ley. Por eso, la Argentina es un ejemplo mundial tras haber juzgado a las Juntas (1985).
Hay una fecha que merece ser celebrada: el 10 de diciembre de 1983, cuando se recuperó la democracia. Ese día simboliza el compromiso con la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho, valores que deben unir a la sociedad más allá de sus diferencias. En cambio, el 24 de marzo debe ser una jornada de recuerdo y reflexión, no de celebración.